Tras la polémica generada porque la postulación oficial fue aprobada en el Senado pese al intento de retiro por parte del Gobierno, el presidente Javier Milei evalúa si firmar el decreto. Sin embargo, la puesta en marcha del Tribunal Oral N°3 está congelada por un complejo trámite de habilitación edilicia y presupuestaria que demora meses.
Las designaciones de magistrados para los tribunales federales de la provincia suelen ingresar en extensos laberintos administrativos cuando las tensiones políticas de la coyuntura confluyen con severas carencias de infraestructura básica. Aunque un pliego reciba el aval parlamentario correspondiente en el Congreso, la conversión efectiva de ese aspirante en un juez en funciones requiere de una serie de pasos técnicos concurrentes por parte de los órganos de administración judicial. Para los medios periodísticos orientados a desentrañar el funcionamiento de las instituciones y los hilos del poder político, analizar estas demoras operativas permite comprender el verdadero alcance de las designaciones y el estado real de los juzgados en el territorio bonaerense.
La asunción de la futura jueza federal María Verónica Michelli en los tribunales de La Plata ha quedado formalmente postergada y demandará un extenso período de resolución técnica. A varios días de que el Senado aprobara su pliego, el presidente Javier Milei se encuentra analizando si firmar el decreto con el nombramiento formal, un trámite que el Ejecutivo no tiene la obligación de cumplir de inmediato y que representa solo uno de los pasos necesarios para efectivizar la designación. De todas formas, el proceso quedará congelado hasta que se cumplimenten múltiples requisitos que dependen en forma directa de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura. La postulación estuvo rodeada de polémica luego de que la administración libertaria intentara retirar la candidatura —previamente presentada por ellos mismos— al descubrir que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga presuntos hechos de corrupción en el Poder Ejecutivo.
El escenario deja en evidencia que el aval del Congreso de la semana pasada no bastará para resolver a corto plazo las subrogancias del organismo.
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