El procedimiento judicial derivó en la detención de tres personas y el rescate de 150 trabajadores precarizados que habitaban en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El accionar de las fuerzas de seguridad y el poder judicial desarticuló una organización dedicada a la captación de trabajadores golondrina en la periferia de La Plata. El operativo visibilizó la problemática del empleo no registrado y las prácticas de hacinamiento que afectan a familias vulnerables procedentes del norte del país, quienes operaban bajo condiciones económicas marginales.
La investigación se inició a partir de una denuncia formal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, la cual detectó a una menor de edad realizando tareas agrícolas de alta exigencia. La Dirección de Trata de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos coordinó el ingreso al predio, donde se identificó a un centenar de adultos y a más de cincuenta menores de edad.
Las inspecciones oculares en el terreno confirmaron la existencia de casillas precarias construidas con maderas y chapas, carentes de servicios básicos e infraestructura sanitaria adecuada. Entre las situaciones de mayor gravedad, el personal policial constató el encierro de una persona con discapacidad y la falta de asistencia médica generalizada para el grupo habitacional.
La fiscal María Cecilia Corfield dispuso la inmediata detención de los encargados del predio debido a la resistencia opuesta durante el secuestro de los dispositivos de comunicación esenciales para la causa. Los testimonios incorporados al expediente judicial revelaron que las remuneraciones abonadas representaban una fracción mínima de los valores establecidos por los convenios laborales vigentes.
Las áreas gubernamentales de niñez y asistencia social tomaron intervención directa para brindar resguardo y evaluar el traslado seguro de los damnificados.
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