Ajuste y tensión: el Gobierno sube un 2,1% el nomenclador de discapacidad pero ignora la ley de emergencia

A través de la Resolución 2775/2026, la Secretaría de Discapacidad fijó la actualización de agosto atada al índice inflacionario. Las organizaciones denuncian que la medida profundiza el desfinanciamiento y preanuncia una desregulación total de las prestaciones.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los prestadores de servicios para personas con discapacidad sumó un nuevo foco de fricción tras la publicación de los nuevos aranceles oficiales, que vuelven a dejar de lado los reclamos históricos de recomposición salarial y presupuestaria.

La decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar un incremento del 2,1% en los valores del nomenclador para agosto generó un inmediato rechazo en el sector. La suba, oficializada este lunes mediante la Resolución 2775/2026 con la firma del secretario Alejandro Vilches, se rige estrictamente por la inflación de julio medida por el INDEC, desoyendo por completo los reclamos judiciales y la Ley de Emergencia en Discapacidad votada por el Parlamento.

Para las entidades y profesionales que asisten a personas con discapacidad, la medida consolida el ajuste aplicado en los últimos dos años y profundiza la crisis prestacional. En paralelo, el oficialismo avanza con su plan de descentralizar el sistema, permitiendo que las obras sociales y empresas de medicina prepaga negocien de forma autónoma los aranceles con cada prestador, una iniciativa que genera incertidumbre sobre la sustentabilidad de los tratamientos y centros de día.

Como contrapartida, la resolución oficial confirmó que se mantendrá el adicional del 20% para la zona patagónica, una compensación geográfica indispensable para las provincias del sur debido al encarecimiento de los insumos y traslados. Mientras tanto, el sector advierte que continuará exigiendo el cumplimiento efectivo de la normativa vigente para frenar el ahogo financiero de las instituciones.