La delegación argentina se abstuvo en una votación de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La iniciativa reunió 175 votos afirmativos y buscaba reforzar las políticas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Desde Cancillería argumentaron que el documento incorporaba conceptos “ideológicos y controvertidos” y cuestionaron su enfoque sobre género y salud sexual y reproductiva.
El Gobierno de Javier Milei volvió a tomar distancia de una iniciativa internacional vinculada con los derechos de las mujeres. La Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de Naciones Unidas destinada a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluida la que se ejerce en entornos digitales.
El texto fue aprobado el martes 17 de noviembre en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, con 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra, emitido por Somalia. Además de la Argentina, se abstuvieron Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Infobae+1
La decisión volvió a ubicar a Buenos Aires en coincidencia con Washington, aunque las explicaciones públicas de ambos gobiernos tuvieron matices propios. La delegación argentina no pidió la palabra durante la sesión para fundamentar su posición. Luego, fuentes de Cancillería explicaron los motivos a distintos medios.
Qué cuestiona el Gobierno del texto
Desde el Palacio San Martín aseguraron que la abstención no implica desconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres ni abandonar el compromiso de combatirla. “La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios”, sostuvo una fuente oficial consultada por Infobae.
La objeción del Ejecutivo apunta al contenido de la resolución. Según la explicación transmitida por funcionarios, el documento incorpora conceptos que consideran “ideológicos, controvertidos y sesgados”, y contiene demasiadas referencias al género en relación con las menciones específicas a las mujeres.
También cuestionaron que la iniciativa incluya referencias a la salud sexual y reproductiva y sostuvieron que las declaraciones internacionales no garantizan por sí mismas una reducción de los femicidios o de las muertes maternas. Para el Gobierno, las respuestas deben concentrarse en políticas públicas concretas, protección de las víctimas y acceso a la Justicia.
La resolución, impulsada por 13 países —entre ellos Francia, España, Canadá, Países Bajos y Bélgica—, propone fortalecer las medidas estatales contra distintas formas de violencia, contempla las agresiones en entornos digitales y hace referencia a los derechos humanos de las mujeres y a su salud sexual y reproductiva.
La coincidencia con Estados Unidos y el debate sobre el aborto
La posición argentina tuvo un punto de contacto con los argumentos expresados por la delegación estadounidense. Durante la sesión, la representante de Washington cuestionó las referencias a la salud sexual y reproductiva y al concepto de “aborto seguro”, y sostuvo que no existe una obligación internacional de financiar o facilitar el aborto.
Antes de la votación definitiva, también se discutió una enmienda que proponía condicionar la aplicación de la resolución al respeto de las legislaciones nacionales y de los valores religiosos, éticos y culturales de cada país. La propuesta no prosperó: obtuvo 68 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones.
En el caso argentino, Cancillería sostuvo que cada resolución debe analizarse por su contenido y por las obligaciones que puede generar, en lugar de acompañarla únicamente por el objetivo general expresado en su título. El argumento oficial es que el país no debe respaldar documentos multilaterales si considera que incluyen definiciones con las que no coincide.
El dato de femicidios y los límites de la interpretación oficial
Entre los argumentos del Gobierno también apareció una referencia a la evolución de los femicidios en el país. Fuentes oficiales afirmaron que las políticas de la administración Milei permitieron alcanzar uno de los registros más bajos de los últimos años.
Los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema muestran que durante 2025 se identificaron 200 víctimas directas de femicidio, un 12,3% menos que en 2024. El registro contabilizó, además, 19 víctimas de femicidio vinculado. La cifra de víctimas directas fue la más baja desde el inicio de la serie estadística, según la propia Corte.
Sin embargo, esa disminución estadística no permite atribuir por sí sola el resultado a las políticas de un gobierno determinado. Para establecer una relación causal sería necesario analizar el conjunto de medidas de prevención, asistencia, protección y acceso a la Justicia, además de otros factores sociales e institucionales.
La discusión, por lo tanto, no se limita a la interpretación de una resolución internacional: también involucra qué políticas considera prioritarias el Estado argentino para prevenir la violencia y qué compromisos está dispuesto a asumir en los espacios multilaterales.
Un antecedente y un cambio en el voto argentino
La abstención de noviembre de 2026 tiene un antecedente cercano. En noviembre de 2024, la Argentina había votado en contra de una resolución sobre prevención de la violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales. En aquella instancia, fue el único voto negativo, frente a 170 afirmativos y 13 abstenciones.
Pero hay un dato posterior que completa ese episodio: en diciembre de 2024, durante la votación de la Asamblea General, la delegación argentina modificó su posición y terminó acompañando la resolución.
Ahora, el Gobierno destaca que no votó en contra ni buscó bloquear el tratamiento del nuevo documento, sino que optó por abstenerse para dejar asentadas sus diferencias. La distinción es formalmente relevante, aunque el resultado político es que la Argentina volvió a quedar entre los pocos países que no respaldaron una iniciativa apoyada por una mayoría amplia.
La decisión se inscribe en una política exterior que viene expresando diferencias con distintas resoluciones y organismos multilaterales. En este caso, el Ejecutivo defiende su abstención como una objeción al lenguaje y al alcance del documento. La pregunta que queda abierta es cómo se traducirá esa postura en compromisos y acciones concretas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas dentro del país.

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