Reforma de la Ley de Salud Mental: qué propone el proyecto para modificar las internaciones involuntarias y el control judicial

La iniciativa analizada en el Senado busca flexibilizar el requisito de “riesgo cierto e inminente” para permitir intervenciones preventivas más tempranas ante crisis graves, manteniendo la supervisión judicial.

Un proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental ingresado a la Cámara alta abrió un intenso debate entre especialistas, funcionarios y familiares sobre la necesidad de actualizar los criterios de internación involuntaria vigentes desde hace 16 años.

El núcleo de la iniciativa, actualmente discutido en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud del Senado tras la exposición de más de 70 referentes, apunta a modificar el artículo 20 de la normativa actual. Dicho artículo exige la acreditación de un “riesgo cierto e inminente” para ordenar una internación sin consentimiento, un estándar que —según advierten críticos y familiares, como el abogado Juan Roza Alconada— deja escaso margen para la prevención y expone a los profesionales al temor de demandas legales. La propuesta en análisis busca reemplazar ese parámetro por la evaluación de un daño grave para la propia persona o terceros, permitiendo contemplar la historia clínica y los antecedentes del paciente antes de que la crisis devenga irreversible.

En paralelo, el proyecto preserva la intervención del poder judicial tanto en el inicio de la internación como en la instancia previa a la externación, buscando equilibrar las garantías de las libertades individuales con la necesidad de ofrecer herramientas de abordaje más tempranas y eficaces frente a episodios de violencia o descompensación severa.

De este modo, el debate legislativo pone en la balanza la tensión histórica entre la protección de los derechos de los pacientes y la urgencia de dotar a las familias y al sistema sanitario de mecanismos preventivos más amplios.