El ministro de Seguridad bonaerense respondió a los cuestionamientos del oficialismo tras la resolución judicial que suspendió la ley. Defendió la división de poderes y reclamó recursos para crear juzgados y centros de reclusión.
Tras el fallo judicial que suspendió la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.
La controversia escaló luego de que la jueza Marta Elba Pascual, de Lomas de Zamora, hiciera lugar a un habeas corpus presentado por organizaciones sociales. Las críticas del oficialismo no tardaron en llegar: Santilli y Patricia Bullrich apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof, acusándolo de proteger a los delincuentes.
Ante esto, Alonso desestimó los cuestionamientos políticos y cuestionó la viabilidad de la iniciativa sin respaldo financiero: «¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer», le espetó al funcionario nacional. El ministro remarcó que una reforma de esta magnitud exige la creación de juzgados especializados y centros de reclusión adecuados, concluyendo que, sin una inversión real por parte de la Nación, la ley queda reducida a un mero «eslogan de campaña».
De esta manera, el debate jurídico expone una vez más las profundas diferencias presupuestarias y de gestión entre la administración provincial y la Casa Rosada.
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