A través del Decreto 1205/2026, el Gobierno nacional exceptuó de las normas de transparencia y publicidad las futuras contrataciones de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La norma apela a legislación de seguridad nacional para resguardar montos y proveedores.
Mediante la publicación del Decreto 1205/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional encuadró bajo la categoría de secreto militar las operaciones comerciales destinadas al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, restringiendo el acceso público a los expedientes de compra.
La disposición, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti, faculta a la Subsecretaría de Gestión Administrativa a tramitar las adquisiciones de manera reservada. El texto invoca el Decreto Ley 9390/1963, una normativa que faculta al Estado a omitir los pasos habituales de licitación pública, difusión y rendición de cuentas cuando los insumos o materiales afecten la preparación operacional del país. Por este motivo, el Gobierno no precisó el presupuesto destinado, la cantidad de unidades, el país de procedencia ni la firma proveedora, en un escenario de vigilancia geopolítica y fricción diplomática por las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
De este modo, las compras militares quedarán al margen del sistema general de contrataciones públicas del Estado.

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