El Gobierno debe oficializar en los próximos días la actualización de los servicios públicos y el impuesto a los combustibles. En el mercado inmobiliario, los contratos bajo la antigua ley subirán un 34,95%.
El octavo mes del año arranca con un esquema de aumentos que impactará en el bolsillo de las familias y los costos de las empresas. Mientras se aguardan los decretos para las tarifas energéticas, varios rubros ya tienen confirmados sus ajustes para los próximos días.
La expectativa está puesta en las decisiones del Ministerio de Economía sobre los cuadros tarifarios del gas y la electricidad, así como en la eventual actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), factor clave que incide en el precio final de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de todo el país.
En el sector inmobiliario, los inquilinos con contratos vigentes bajo la derogada Ley de Alquileres registrarán una suba anual del 34,95% regulada por el Índice de Contratos de Locación (ICL). El dato confirma la tendencia a la desaceleración del indicador frente a los picos registrados durante el año pasado.
Se prevé que en el transcurso de las próximas horas el Poder Ejecutivo difunda las resoluciones oficiales con el ajuste definitivo para los servicios públicos.

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