Crisis de salud mental: un relevamiento revela que el 50% de las madres se endeuda ante la falta de cobertura en las cuotas alimentarias

Un estudio de FundPlata en La Plata expone el fuerte impacto económico en las jefas de hogar. El 76% de las cuotas no contempla gastos psicológicos o psiquiátricos, obligando a las familias a afrontar costos particulares y resignar horas laborales.

Una investigación técnica elaborada por la fundación FundPlata en la capital bonaerense puso de manifiesto una preocupante brecha en los juzgados de familia: el desfinanciamiento y la exclusión de los costos de salud mental en las cuotas alimentarias, una necesidad que hoy recae de forma casi exclusiva sobre las espaldas de las madres.

El relevamiento advierte sobre un complejo escenario epidemiológico pospandemia en el Gran La Plata, donde el 17,2% de los adolescentes escolarizados presenta indicadores de riesgo clínico por ansiedad y estrés, mientras que el 43,7% de los jóvenes en situación de riesgo no accede a ningún tipo de dispositivo de atención debido a barreras económicas. Ante la saturación del sistema público y las demoras hospitalarias, las familias se ven forzadas a recurrir al sector privado.

Las cifras del impacto en las jefas de hogar son contundentes:

• Exclusión judicial: En el 76% de los casos, los gastos vinculados a terapias, psicopedagogía o medicación no se encuentran contemplados en la cuota alimentaria fijada.
• Incumplimiento: Apenas el 27,3% de los progenitores cumple en tiempo y forma con el pago establecido.
• Sobrecarga económica: Más del 70% de los hogares encuestados destina fondos específicos a este rubro; de ellos, el 57,1% paga de manera 100% particular y 1 de cada 2 madres (50%) debió contraer deudas para sostener los tratamientos.
• Impacto laboral: El 92,9% de las mujeres reconoció haber faltado al trabajo o cancelado changas para acompañar a sus hijos a las consultas y gestiones de obras sociales.

De este modo, el informe visibiliza cómo la crisis de salud mental infantil profundiza la desigualdad de género y exige una revisión urgente de los criterios judiciales en la fijación de las obligaciones alimentarias.