Fuentes oficiales y proyecciones privadas calcularon un incremento de entre dos y tres puntos en el indicador, que treparía al 31%. Se trata del primer traspié social para la administración de Javier Milei desde la implementación del plan de estabilización.
Los indicadores socioeconómicos de la Argentina volvieron a mostrar signos de alerta luego de que tanto estimaciones privadas como fuentes oficiales reconocieran un incremento en los índices de pobreza durante los primeros seis meses del año, marcando un freno en la curva descendente que se había registrado desde el inicio de la gestión libertaria.
El relevamiento, respaldado por cálculos de la consultora ExQuanti, arrojó que la cantidad de personas bajo la línea de pobreza trepó a 15,1 millones, incorporando a 1,7 millones de nuevos pobres en el semestre y elevando la cifra a 2,9 millones si se contabiliza el retroceso registrado desde los últimos tres meses del año anterior. Por su parte, desde el Gobierno admitieron a LA NACION un avance en las proyecciones oficiales que ubica el índice semestral entre el 30% y el 31%, aunque calificaron el fenómeno como un impacto «temporal» atado a la desaceleración del empleo privado registrado —que acumula trece meses de retracción según datos del SIPA— y al rezago inflacionario posterior al período electoral. Especialistas de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Cedlas coincidieron en que el deterioro comenzó a consolidarse a fines de 2025, impulsado por el encarecimiento de la canasta básica por encima del nivel general de precios y la pérdida de dinamismo en la recuperación de los ingresos informales. La confirmación oficial definitiva se conocerá el próximo 24 de septiembre, fecha en la que el INDEC difundirá los datos formales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer tramo de 2026.
De este modo, la evolución de los indicadores sociales pone a prueba la sustentabilidad del esquema económico oficial, en un escenario donde el Ejecutivo insiste en profundizar el orden fiscal como única herramienta para consolidar el proceso desinflacionario.

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