El Colegio de Martilleros de la Provincia repudió la iniciativa de legisladores libertarios que busca eliminar las multas a quienes operen sin título universitario. Aseguran que la medida precariza el sector y pone en riesgo las fuentes laborales de más de 200 mil familias.
La discusión en torno a los marcos regulatorios que rigen el ejercicio de las profesiones colegiadas y la fiscalización de las actividades comerciales en el territorio bonaerense suele encender fuertes debates institucionales entre las corporaciones profesionales y las nuevas bancadas legislativas. Cuando las iniciativas parlamentarias apuntan a modificar los regímenes de sanciones y penalidades vigentes para la intermediación de bienes, la reacción de los entes reguladores es inmediata en defensa de las incumbencias técnicas y las matriculaciones oficiales. Para las plataformas de noticias orientadas a la actualidad política y legislativa de la provincia de Buenos Aires, consignar la postura de los colegios profesionales resulta indispensable para analizar el avance de las reformas de desregulación.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, con sede institucional en la ciudad de La Plata, manifestó su más enérgico rechazo ante un proyecto de ley presentado en el ámbito distrital por un grupo de diputados pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza, el cual persigue la desregulación total del mercado inmobiliario. Desde la conducción del organismo colegiado denunciaron de manera tajante que la propuesta, impulsada por nueve de los veinte legisladores de la fuerza libertaria, intenta equiparar de forma encubierta a los profesionales universitarios matriculados con cualquier persona humana o jurídica que carezca de título habilitante, lo que a su entender representa un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica de la profesión. El punto de mayor conflicto radica en la modificación propuesta para el artículo 80 del régimen sectorial, mediante el cual se pretende excluir explícitamente de las infracciones y multas económicas a toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer el título de martillero o corredor público. Para las autoridades del Colegio, este cambio normativo no hace más que despenalizar el ejercicio ilegal de la actividad, abriendo de par en par las puertas al reino de las estafas y vulnerando de manera caprichosa la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que completaron estudios universitarios y capacitaciones diarias para brindar servicios seguros a la comunidad, en una jugada que además amenaza de muerte la estabilidad laboral de la región.
La entidad gremial concluyó que la puesta en marcha de esta reforma podría terminar definitivamente con los puestos de trabajo directos e indirectos de más de 200 mil familias que dependen del engranaje inmobiliario de la provincia. En los pasillos de la Legislatura bonaerense se prevé que el tratamiento de la norma encuentre fuertes resistencias en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Profesionales por parte de la oposición.
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