Proceso de privatización: el Gobierno recibió dos ofertas de consorcios argentinos para quedarse con AySA

Las propuestas fueron presentadas este martes por dos grupos empresarios nacionales en la plataforma Contrat.Ar. El futuro operador deberá afrontar inversiones obligatorias por más de US$ 2.000 millones.

En el marco del plan de privatizaciones impulsado por la Ley Bases, el Gobierno nacional avanzó este martes en el proceso de traspaso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras la apertura de sobres con las ofertas de los grupos interesados.

De los 17 consorcios que inicialmente habían mostrado interés en quedarse con el paquete accionario de la distribuidora de agua potable y desagües cloacales del AMBA, solo dos grupos empresarios de capitales argentinos se presentaron formalmente en esta instancia a través de la plataforma Contrat.Ar. Las firmas postulantes son el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX —encabezado por Rowing S.A.— y la firma Roggio ROAS S.A.U. junto a otros socios. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance del proceso a través de sus redes sociales, destacando que el futuro operador tendrá la obligación de cumplir con un plan de inversiones superior a los US$ 2.000 millones en un plazo de cinco años para ampliar y optimizar la calidad del servicio, el cual abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Morón y Merlo.

En esta primera etapa, el proceso contempla la licitación del 51% de las acciones estatales, enmarcado en un contrato de concesión a 30 años con la posibilidad de extenderse por una década adicional. Posteriormente, en una segunda fase, se prevé una oferta pública inicial para colocar un 39% de los títulos en la Bolsa, mientras que el 10% restante quedará en manos de los empleados mediante el programa de propiedad participada. Las propuestas presentadas serán evaluadas ahora por una comisión técnica para verificar el cumplimiento de los pliegos antes de habilitar la compulsa económica definitiva.

De esta manera, la administración central da un paso clave para concretar la transferencia de la empresa sanitaria al sector privado, apostando a una millonaria inyección de capitales para la infraestructura de la región metropolitana.