Cruce político: Patricia Bullrich cuestionó a la jueza que suspendió el régimen penal juvenil y apuntó contra Axel Kicillof

La legisladora defendió la ley de imputabilidad a los 14 años y criticó duramente la medida judicial en la provincia de Buenos Aires. Acusó al gobierno provincial de «boicotear» la norma y de generar impunidad.

La senadora oficialista Patricia Bullrich lanzó duras críticas contra la jueza bonaerense que suspendió por dos meses la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof por no adecuar los dispositivos necesarios durante el plazo de preparación previo.

Durante una participación en el programa ¿La ves? por TN, Bullrich defendió la normativa nacional al señalar que fue elaborada con prudencia para que los menores que cometan delitos enfrenten consecuencias pero también cuenten con un camino de salida y no queden «de cárcel toda la vida». Además, recordó que se otorgó un plazo de seis meses a los distritos para que prepararan la infraestructura necesaria.

En su rechazo a la resolución judicial, la referente oficialista argumentó que la magistrada carece de facultades constitucionales para frenar una norma nacional:

• Falta de competencia: La legisladora sostuvo que la jueza de la provincia de Buenos Aires no posee atribuciones para realizar un control de constitucionalidad sobre una ley dictada por el Congreso nacional.
• Coordinación política: Acusó al gobierno bonaerense de haber recurrido a una magistrada afín al peronismo y aseguró que no tiene dudas sobre la existencia de una coordinación para «boicotear» la implementación.
• Rechazo a la falta de recursos: Desestimó el argumento presupuestario al afirmar que existen fondos y responsabilidad social, advirtiendo que la suspensión reactiva la «puerta giratoria» y permite la liberación de menores.

Por último, Bullrich contrastó la medida con el avance de la ley en otras jurisdicciones como Mendoza y Mar del Plata, remarcando que se trata de una herramienta largamente demandada por la sociedad para evitar que los jóvenes sean utilizados como «carne de cañón» o «soldaditos de la droga».

De esta manera, el conflicto por la aplicación de la ley de imputabilidad abre un nuevo frente de tensión política e institucional entre la Nación y la administración bonaerense.