Especialistas cuestionaron el Decreto 681/2026 firmado por Javier Milei. Alertan sobre la falta de requisitos de urgencia y la vaguedad en la definición del «odio».
El Gobierno nacional oficializó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan «mensajes de odio» contra la Argentina. Sin embargo, la medida generó un inmediato rechazo entre abogados constitucionalistas, quienes advirtieron sobre serias irregularidades legales en el texto.
Juristas del ámbito local señalaron que el Poder Ejecutivo no cumple con las condiciones exigidas por la Corte Suprema para emitir un DNU, al encontrarse el Congreso en pleno funcionamiento. “No existen las circunstancias de necesidad y urgencia que justifiquen esquivar el proceso legislativo”, remarcó el constitucionalista Diego Armesto.
Asimismo, los analistas alertaron sobre la falta de precisiones técnicas respecto a qué acciones concretas constituyen un «discurso de odio». La imprecisión del término plantea dudas sobre si abarca desde protestas políticas hasta manifestaciones simbólicas en la vía pública, generando una peligrosa tensión con el derecho a la libertad de expresión.
La medida deberá ser revisada por la Comisión Bicameral del Congreso mientras crecen las advertencias sobre probables presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
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