La Casa Rosada aplicará sanciones salariales a los empleados públicos que se sumen a la medida de fuerza del jueves. En paralelo, el Ejecutivo negocia una salida presupuestaria con el sector universitario para destrabar el conflicto salarial y judicial.
En la víspera de una jornada marcada por la conflictividad social, el Gobierno nacional ratificó que le descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 15 de octubre. En simultáneo, la Casa Rosada busca abrir un canal de diálogo con los rectores para negociar el incremento de los fondos para las casas de altos estudios dentro del Presupuesto 2027.
La protesta de ATE incluirá movilizaciones al Congreso Nacional y afectará la atención en organismos clave como ANSES, PAMI, Migraciones, Senasa y la CNRT, aunque se garantizan guardias mínimas en centros asistenciales. La medida coincidirá además con la quinta Marcha Federal Universitaria y con el intento de sectores opositores de sesionar en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023.
En relación al frente universitario, el Ejecutivo busca alcanzar un entendimiento que descomprime la tensión sin ceder a la pretensión de $11 billones formulada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN):
- Propuesta oficial vs. reclamo: El proyecto presupuestario estipula unos $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que las autoridades académicas exigen $11 billones (una brecha del 32%).
- Variables de negociación: El Gobierno propone discutir esquemas tributarios, la alícuota de contribuciones patronales y partidas salariales a cambio de que las universidades desistan de las acciones judiciales vigentes contra los decretos reglamentarios.
- Fallos judiciales: La negociación se desarrolla en medio de la resolución del juez Martín Cormick, quien declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la Ley de Financiamiento Universitario a las disponibilidades del Tesoro.
Una estrategia doble del oficialismo que busca contener el impacto del paro estatal mientras intenta cerrar un acuerdo político sobre el financiamiento universitario antes de la votación del presupuesto.

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