Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional catalogó la movilización como «política» y descartó entablar mesas de negociación con las autoridades de las casas de altos estudios. El contrapunto por el Presupuesto 2027 profundiza el conflicto.
La tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades universitarias alcanzó un nuevo pico tras la masiva Marcha Federal Universitaria, luego de que el Poder Ejecutivo ratificara que no reabrirá canales de negociación, mientras desde las casas de altos estudios advierten sobre la factibilidad del inicio del ciclo lectivo 2027.
Desde la Casa Rosada descalificaron la protesta calificándola como una «marcha política» e hicieron foco en los incidentes registrados sobre el cierre del acto frente al Congreso Nacional, donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de 30 personas aprehendidas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó duramente a los manifestantes y el oficialismo descartó recibir a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La estrategia trazada por la cartera de Capital Humano apunta a entablar diálogos individuales «uno por uno» con determinados rectores, desconociendo la representatividad orgánica del CIN. Asimismo, la administración central dejó en claro que toda discusión presupuestaria se canalizará exclusivamente en el Congreso durante el debate del Presupuesto 2027, bajo la premisa innegociable de mantener el déficit cero y el equilibrio fiscal.
La brecha económica entre ambas partes sigue siendo amplia: el proyecto elevado por el Ejecutivo asigna aproximadamente $7,3 billones para las universidades, en tanto que las casas de altos estudios reclaman una partida superior a los $11 billones para garantizar el normal funcionamiento operativo, salarial e investigativo.
Puntos clave de la controversia presupuestaria:
- Postura del Ejecutivo: Mantenimiento del superávit fiscal y negativa a abrir mesas de diálogo globales con el CIN.
- Propuesta oficial de presupuesto: Asignación proyectada de $7,3 billones para el área universitaria.
- Reclamo de los rectores: Exigencia de más de $11 billones planteada formalmente ante el Poder Legislativo.
- Riesgo operativo: Advertencias sobre un posible estancamiento o interrupción de actividades lectivas en 2027.
Frente a este escenario de posturas irreconciliables, la resolución del conflicto quedará supeditada a las negociaciones parlamentarias que mantenga el oficialismo con gobernadores y bloques aliados en la Cámara de Diputados.

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