La renegociación fija una tasa interna de retorno del 14,30%, rechaza el pedido de la compañía para acceder al RIGI y contempla el cierre definitivo de una demanda judicial iniciada en 2023. El presidente Javier Milei se apartó del procedimiento por su vínculo anterior con Corporación América.
El Gobierno nacional y la empresa Aeropuertos Argentina cerraron este lunes la renegociación integral del contrato que administra las principales terminales aéreas del país, un entendimiento que reconfigura las condiciones económicas de la concesión a cambio de un ambicioso plan de obras y el desistimiento de litigios pendientes.
Tras una serie de tratativas en torno a los plazos y la rentabilidad, la compañía —que inicialmente había pretendido una prórroga de hasta 40 años— acordó una extensión de 11 años respecto al vencimiento previsto, fijando la vigencia de la concesión hasta el 13 de febrero de 2049. Adicionalmente, el convenio contempla la posibilidad de sumar otros siete años al plazo inicial, un beneficio que quedó estrictamente condicionado al cumplimiento de metas financieras y de infraestructura.
Para acceder a esa ampliación extraordinaria, la empresa deberá cumplir con dos exigencias concretas: demostrar antes del 30 de junio de 2027, mediante un informe de una auditoría global, la disponibilidad líquida de US$600 millones destinados a infraestructura comercial; y garantizar que el 75% de esas obras se encuentre finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.
En paralelo, otro de los ejes centrales de la renegociación giró en torno a la tasa interna de retorno (TIR). Mientras la firma aspiraba a un porcentaje cercano al 17% atado al riesgo país y de cumplimiento obligatorio para el Estado, el acuerdo estableció una TIR de referencia del 14,30%, sin mecanismos de ajuste automático. Asimismo, la administración central rechazó de plano el pedido de la empresa para adherir al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
Debido al pasado profesional del mandatario Javier Milei con el holding Corporación América, el Presidente se excusó formalmente de intervenir en el procedimiento administrativo, delegando la rúbrica y la competencia final en el Jefe de Gabinete.
Un acuerdo estratégico que sella una disputa judicial de años y redefine el mapa de inversiones aeroportuarias de cara a las próximas décadas.
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