La jueza de Garantías Marcela Garmendia dispuso la paralización por seis meses de diversos emprendimientos inmobiliarios irregulares tras hacer lugar a un pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad. En una resolución contundente, la magistrada criticó severamente al titular de la UFI N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, señalando demoras injustificadas y un escaso impulso en la investigación de una causa que ya acumula casi dos años sin imputaciones formales contra los denunciados.
La trastienda de los procesos judiciales y la velocidad con la que se gestionan las denuncias sobre urbanizaciones irregulares dominan el interés de las familias afectadas por estas maniobras. Garmendia advirtió que la instrucción ha sido deficiente, objetando especialmente la falta de fundamentación del fiscal ante el pedido de cautelares y la decisión de tramitar los expedientes por separado a pesar de la clara conexidad entre los casos. La jueza ordenó la acumulación inmediata de todas las actuaciones, enfatizando que este control de legalidad es una exigencia fundamental de su rol como Jueza Garante.
Los pormenores del informe municipal detallan una problemática de gran escala, con 435 barrios irregulares que ocupan unas 3.380 hectáreas y albergan miles de viviendas construidas sobre terrenos sin aptitud urbanística. Muchos de estos desarrollos carecen de infraestructura básica y gran parte se asienta en zonas con alta peligrosidad hídrica, exponiendo a familias que adquirieron lotes de buena fe a una profunda incertidumbre jurídica y patrimonial. La Justicia busca ahora poner un freno a estas operaciones que involucran a diversos actores del sector inmobiliario en una de las zonas con mayor expansión ilegal del país.
Las dependencias de la UFI deberán adaptar su accionar. La acumulación de causas busca acelerar la resolución del expediente.

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