Oficial: la Provincia de Buenos Aires asumió el control total del cálculo y pago de subsidios al transporte

Mediante el Decreto 875/2026, el gobierno de Axel Kicillof le dio fin al histórico convenio de colaboración con la Nación. De este modo, la gestión bonaerense pasará a manejar de forma directa la liquidación de fondos para los colectivos del Conurbano.

En el marco del constante contrapunto con la Casa Rosada por los recortes de partidas, la administración provincial dio un paso clave para reestructurar la gestión del transporte público. La medida formaliza la desvinculación técnica de los organismos nacionales para agilizar el esquema de pagos y evitar las trabas burocráticas que generaban demoras en el flujo de fondos.

La administración de las compensaciones tarifarias resulta una pieza neurálgica para la sustentabilidad del servicio en la provincia de Buenos Aires. El funcionamiento de cientos de líneas provinciales y municipales que cruzan el distrito bonaerense requería hasta ahora de un doble circuito administrativo con Nación que encarecía los tiempos y provocaba fricciones frecuentes con las cámaras empresarias.

A través de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte bonaerense dio por concluido el acuerdo marco firmado en 2018. En la práctica, la decisión ratifica la vigencia del nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias local (Decreto 3231/25), que le otorga a la cartera económica provincial la potestad de procesar la información del sistema SUBE, monitorear los cupos de gasoil y liberar las transferencias directas a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El nuevo esquema establece además un sistema de control sobre las empresas prestadoras, incluyendo un régimen de rendiciones cuatrimestrales con severas sanciones económicas:

• Primera falta de rendición: Retención del 10% de las compensaciones.
• A los 30 días: Retención del 50%.
• A los 60 días: Suspensión total (100%) de las transferencias.

Con la firma de esta acta de cierre, el Ejecutivo provincial busca blindar el circuito financiero local, acortar los plazos de acreditación y garantizar la continuidad del servicio sin depender de las autorizaciones operativas de la Nación.