La Comisión de Acuerdos retomó las audiencias para cubrir vacantes judiciales. El kirchnerismo impugnó la prórroga por cinco años solicitada para el camarista que validó la reforma laboral, mientras que los libertarios denunciaron «acoso» contra el magistrado.
Las audiencias públicas de control de idoneidad para la extensión de mandatos en las cámaras de apelaciones suelen convertirse en cajas de resonancia de los conflictos pendientes entre las corporaciones gremiales y los proyectos de reforma del Ejecutivo. Cuando los pliegos examinados pertenecen a magistrados que dictaron resoluciones determinantes para la vigencia de leyes estructurales, el trámite legislativo abandona la rutina administrativa para transformarse en una disputa de alta intensidad política. Para las plataformas informativas dedicadas al seguimiento de la actividad parlamentaria, la cobertura minuciosa de estos cruces en las comisiones de asesoramiento técnico provee las claves para anticipar el comportamiento de los bloques en el recinto.
Tras la controvertida aprobación del pliego de la jueza platense Verónica Michelli, el Senado de la Nación reactivó las audiencias públicas para evaluar el nombramiento de siete magistrados. La jornada parlamentaria estuvo monopolizada por el tratamiento de la solicitud de extensión de funciones por cinco años más para el integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien se encamina a cumplir la edad límite constitucional de 75 años en el próximo mes de julio. La postulación del magistrado recibió fuertes impugnaciones por parte de la CGT y del bloque del peronismo legislativo, debido a su participación en el fallo que levantó la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma laboral del Gobierno.
El debate dejó expuesta la polarización en las comisiones, postergando la firma unánime de los dictámenes de designación.

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